Creo que si en la actualidad surgiera un político mexicano y emulara a Luis XIV con su conocida frase "El Estado soy yo", todos los habitantes de nuestra nación reprobarían tal actitud y lo conminarían a que tomara una soga y se colgara por el cuello del asta bandera que se ubica en las inmediaciones de Chapultépec, sí, esa que está enfrente de los hotelazos de Presidente Masaryk; sin embargo, la clase política de nuestro país, no se encuentra tan lejos de esa trágica experiencia del pasado, no solo a nivel federal, sino en los tres ámbitos de gobierno.
Sirve para ejemplificar lo anterior, citar una experiencia personal reciente. Resultó deprimente y desconsolante para mí, y me imagino que para muchos, observar hace unos días en las páginas de un diario de circulación nacional, como noticia principal: “ALCALDE COMPRA CAMIONETA DE LUJO, Y NO CUENTA CON CALLES PARA CIRCULAR EN ELLA”; suena ridículo verdad?... pero tristemente es verdad.
El alcalde de una demarcación del Estado de Michoacán (por cierto de filiación perredista) de la cual no recuerdo su nombre, adquirió una camioneta LINCOLN, negra, modelo 2008, en la módica cantidad de US$60,000.00 (algo así como seiscientos diez mil pesos mexicanos), por su puesto con cargo al erario municipal, siendo que ¡las calles del municipio que preside se encuentran si pavimentar!; aún más sorprendido me dejó tal noticia, al citar textualmente la justificación del mandatario municipal respecto de tal adquisición: “… pues qué, ¿sólo el gobierno federal tiene derecho a andar en camionetas de lujo y helicópteros…?. Es como para linchar a tan prestigiado “funcionario”, y alimentar a los canes de la localidad con su salea; no es posible que en una localidad en la que la pobreza extrema es el enemigo a vencer, y cuya erradicación es la promesa habitual de los candidatos cada que existe un llamado a las urnas, realice adquisiciones de esa magnitud con cargo al presupuesto del municipio en el que fue “electo”, cuando ni siquiera las calles por donde transitará tan fastuoso vehículo se encuentren pavimentadas.
Situaciones como ésta caen en lo absurdo y, lejos de permitir vislumbrar un cambio en nuestros gobernantes, sumen en la desolación a los ciudadanos y merman considerablemente la credibilidad de nuestras instituciones, en las que, puedo asegurar sin reticencia alguna, existen servidores públicos modelo que observan a cabalidad los principios que rigen ese servicio que les ha sido encomendado, y que no debe encontrarse dirigido más que satisfacer las necesidades y reclamos legítimos de la comunidad.
Desolador escenario y seguramente enttre las medias verdades de la prensa encontraremos más y peores ejemplos del agandalle de quienes detentan la representación popular. Sin embargo, tal afirmación nada aporta ni transforma nuestra realidad, de hecho podríamos usar tales expresiones para explicar que este es uno de los riesgos de la democracia que éstá en nuestras manos controlar. El asombro, la ira o cualquier sentimiento que se genere derivado de la noticia expuesta es el combustible que debemos emplerar para definir una acción concreta a nuestro alcance con la finalidad de ejercer una democracia activa que a su vez se constituye en la mejor herramienta para controlar el riesgo mencionado.
Te propongo que utilicemos las herramientas derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para documentar el caso, generar un escrito (exhorto, requerimiento, denuncia, queja, etc.) dirigido a las autoridades locales y federales como mecanismo de presión y lo hagamos circular entre nuestros vínculos para recabar firmas de ciudadanos comprometidos con el proceso democrático a efecto de que este compañerito no quede en la impunidad.